#Ecuador Dudas por auditorías a los contratos de la constructora Odebrecht

Baca odebrecht

Tras la comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, más de 30 informes de la Contraloría sobre los contratos de la constructora Odebrecht con instituciones públicas quedaron en entredicho.

Según el organismo que controla el uso de los fondos públicos, entre el 2007 y el 31 de mayo del 2017 se han realizado 30 exámenes especiales en los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución de las obras que estuvieron a cargo de la firma brasileña, acusada en Brasil y Estados Unidos de haber entregado coimas en 12 países –entre ellos, Ecuador– para lograr adjudicaciones.

Estos informes fueron aprobados durante la administración del contralor Carlos Pólit y de ellos se desprenden observaciones administrativas y responsabilidades civiles

¿Hasta dónde llevará el acuerdo con Odebrecht?

Uno de los principales anuncios que hizo el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, al retornar de su último viaje al Brasil, fue la existencia de un “acuerdo de cooperación” con la empresa Odebrecht, sus ejecutivos y exejecutivos, con la finalidad de acceder a todas las evidencias, documentos y datos que “permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional”.

El contenido del convenio, por disposición del Código Penal, es reservado y se mantendrá fuera de los expedientes judiciales, “con la única y exclusiva finalidad de garantizar que la información permita que se lleven adelante las investigaciones”, según Baca Mancheno. Las negociaciones habrían sido empezadas por el exfiscal Galo Chiriboga.

El penalista y catedrático universitario Juan Pablo Albán nota que se habla de una cooperación eficaz también con Odebrecht, cuando la legislación penal ecuatoriana habla únicamente de personas naturales, que podrían ser sus ejecutivos y exejecutivos.

También le llama la atención que “la denominación que el fiscal emplea es la de ‘acuerdo marco’, lo que implicaría que Odebrecht ha celebrado acuerdos estandarizados con las fiscalías de los países afectados por la trama de corrupción”, supone Albán. De hecho, en países con otro tipo de legislaciones, como República Dominicana, el acuerdo ha posibilitado que la constructora siga operando en su territorio.

“Para que la cooperación eficaz pueda surtir efectos el que va a prestarla tiene que estar imputado”, piensa. Es decir, todos los procesos que se inicien contra personas que recibieron coimas de Odebrecht en Ecuador deben relacionar, también, a la constructora brasileña y sus directos.

En detalle

Albán establece que, de acuerdo con el Código Penal, los únicos beneficios que la legislación ecuatoriana puede dar en este acuerdo es la protección al delator y una significativa reducción a la pena hasta en un 20% del mínimo previsible. Para poner un ejemplo, la sanción mínima del tipo penal de peculado es de 10 años; si se aplicara la figura de cooperación eficaz, el imputado cumplirá solo 2 años.

El jurista ve que Odebrecht busca, en su estrategia jurídica, tener las repercusiones jurídicas menos impactantes posibles en los países afectados por su corrupción. Nuestra legislación solo permite protección al delator y reducción de la pena, pero no exclusión de la responsabilidad civil o administrativa. En Ecuador, dice Albán, existirían responsabilidades civiles, en cuanto al perjuicio al fisco, y administrativas, que podrían implicar una inhabilitación perpetua de contratación con el Estado y la salida definitiva de las operaciones de Odebrecht en el país.

LA CIFRA

10 han pasado desde que Baca Mancheno confirmó el acuerdo.

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/06/19/nota/6238453/dudas-auditorias-obras-odebrecht

 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102067614/-1/%C2%BFHasta_d%C3%B3nde_llevar%C3%A1_el_acuerdo_con_Odebrecht%3F.html#.WUeVwsZLeUl

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