#Ecuador Gobiernos seccionales otro año a dieta presupuestaria

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La deuda y el retraso en los pagos marcan la relación Estado – gobiernos locales

Deuda y retraso. Las dos palabras marcaron el son de una relación entre Estado y gobiernos autónomos descentralizados durante el 2016 y que se proyecta a este nuevo año.

Santiago Correa, prefecto de Cañar, no espera que la situación financiera mejore sustancialmente en este 2017 que inicia hoy. Su provincia afronta un recorte del 22 % en sus finanzas, un porcentaje considerable, dice, al tratarse de una jurisdicción pequeña y con problemas importantes en aspectos viales y de riego. Por ejemplo, solo por esta última competencia la deuda supera los 2,5 millones de dólares de todo el año 2016. “Reduciremos la planificación de obras y priorizaremos las más importantes”, comentó el prefecto de las filas del movimiento PAIS.

De la misma línea política es el alcalde de Santa Lucía, Miguel Ángel Solórzano, quien aseguró a EXPRESO que en este año tratará de reducir del 15 al 20 % de personal a su cargo como medida paliativa. “Más trabajo con menos personal con calidad y eficiencia es nuestro objetivo en el 2017”.

El pequeño cantón de la provincia del Guayas, al igual que muchos otros, reflejó su crisis reduciendo la lista de obras planificadas. El alcalde tuvo que prescindir de dos, el asfaltado de calles y la compactación de una cancha múltiple. No obstante, la maquinaria sigue trabajando en la adecuación de caminos vecinales.

Pero la realidad de unos no es similar a la de otros. El Municipio de Guayaquil es uno de los pocos que no sintió con la misma magnitud la delicada situación económica por ser el más grande del país y recaudar gran parte de los recursos de su presupuesto. Aunque sí reclamó en varias oportunidades, en la voz de su alcalde Jaime Nebot, por el atraso en la entrega de las asignaciones mensuales por parte del Gobierno central. Y mientras otros gobiernos locales aprueban un presupuesto de 2017 menor al del año anterior, Guayaquil lo aumenta en 34 millones.

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi destaca la fórmula del modelo de gestión 85 – 15 (85 dólares para obras y 15 para gastos administrativos) como ejemplo para afrontar la crisis. “Pasamos un año superando una crisis no creada por los municipios, mucho menos por los ciudadanos”, comentó.

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Finanzas contabilizó un saldo de 628,7 millones de dólares en deuda a los municipios y consejos provinciales del país, según el informe de la Subsecretaría de Financiamiento Público para ese mes. La cifra es el segundo pico más alto de deuda durante el 2016 superado solo por el saldo de octubre que alcanzó los 630,4 millones de dólares.

La cercanía de las elecciones también aúna a la continuidad de la complicada situación económica para los gobiernos locales. El artículo 295 de la Constitución establece que regirá el presupuesto anterior (en este caso del 2016) hasta que se apruebe el del año en que se posesione al nuevo mandatario (mayo de 2017), es decir que de momento no está contemplado un aumento en las asignaciones. Esto deja a los tres niveles de gobiernos seccionales con una asignación de 2.861 millones de dólares.

El Gobierno Nacional anticipó la difícil situación económica para el año que culminó por el bajón del precio del petróleo. La apreciación del dólar en los países vecinos y el pago de casi 1.000 millones de dólares a la petrolera Oxy agravaron el ya delicado diagnóstico.

El crudo WTI cerró el año con un precio de 53 dólares el barril. El prefecto Correa y el alcalde Solórzano esperan que la situación mejore por el bien de los gobiernos locales.

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http://expreso.ec/actualidad/articulo-DF979401

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