#Ecuador Ramiro Luque puso a buen recaudo sus bienes antes de incautación #PetroCorrupción

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Los operativos del caso Petroecuador, en el que se investiga un millonario esquema de supuestos sobornos, han dejado un balance de 27 inmuebles y 11 autos incautados.

Hasta ahora en los 17 allanamientos a casas y oficinas, además, se confiscó USD 400 530 y 50 650 euros, según el reporte del Ministerio del Interior.

En uno de los procesos abiertos por supuesto cohecho, la jueza Karen Matamoros ordenó el 21 de octubre del 2016-fecha en la que vinculó a 17 personas- el embargo de bienes de varios procesados, entre ellos Glenda Meza y Ramiro Luque, socios de Galileo Energy.

Esta empresa firmó contratos con Petroecuador por USD 38,1 millones sin IVA, como representante de la extranjera Veolia, la cual ahora le acusa de supuesta estafa.

Un mes antes de la audiencia de vinculación, la pareja inició el traspaso de su casa, de 621,39 m2 y ubicada en un lujoso conjunto de Cumbayá (Quito), a nombre de su hijo de 9 años.

El trámite de donación se empezó en la Notaría 44 de Quito el 15 de septiembre del 2016, pero se concretó el 27 de ese mes. Meza y Luque se fueron a EE.UU., un mes antes de la donación, el 13 de agosto. Ambos tienen orden de captura internacional.

El 12 de septiembre del 2016 otorgaron un poder al padre de Meza, abogado de 67 años, para que los represente y se efectúe la donación. Esto lo hicieron en la oficina Consular de Ecuador en Miami (Florida).La madre de Meza, funcionaria de la Corte de Justicia de Pastaza y socia de la empresa Amergy Oil, fungió como apoderada de su nieto.

Durante el operativo de incautación, el 28 de octubre, los agentes informaron que la casa estaba valorada en USD 2 millones. Pero, según el Registro de la Propiedad de Quito, su valor es de USD 340 542. En el inventario de Inmobiliar, entidad encargada de su custodia, se detallan sus lujos: dos salas de estar, dos salas de juegos, estudio, piscina, área BBQ y de servicios, jardín, etc.

Pero en el allanamiento, solo encontraron cajas de gafas, exhibidores de pelucas y de joyas vacíos… Después del embargo Meza, a través de su abogado, Alejandro Peñaherrera, ha intentado recuperar la residencia. En una carta del 9 de diciembre del 2016, la empresaria solicitó a la jueza que “se restituya a su propietario de forma inmediata”, pues asegura que la orden de embargo solo pesa contra ella y Luque. “El inmueble no pertenece a ninguno de los imputados, sino a un menor de edad y por ende es totalmente procedente mi petición”, aseguró.

En este caso, la jueza también dispuso la incautación de otras siete residencias, oficinas, etc.

Otra vivienda incautada con problemas legales es la de Sonia Calero, representante de Tecnazul, subcontratista de Worley Parsons. Esta firma también tiene contratos con la estatal Petroecuador.

El Banco del IESS envió un oficio a la jueza, en el que aseguró que el bien, ubicado en el Quito tenis Golf Club, fue adquirido por Calero con préstamo hipotecario y por esto adeuda USD 150 000 en 215 cuotas. Alejandro Pazmiño, gerente del Biess, sostuvo que el bien es inembargable y que la medida podría afectar los intereses de la institución.

Entre las propiedades decomisadas en Esmeraldas desapareció un auto, durante una fiesta que exfuncionarios de Inmobiliar organizaron en la casa del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, el pasado 28 de diciembre. Además, la jueza negó la entrega de equipos confiscados, que estaban en Oil Services & Solutions (OSS), en Orellana, de Javier y Jaime Baquerizo.

Tres juicios sin registro de inmuebles incautados

En las investigaciones por supuestos delitos de lavado de activos y delincuencia organizada aún no hay inmuebles confiscados. En el último operativo Navidad, que se efectuó en Guayaquil, solo se confiscó dos autos. Ahí se priorizó el arresto del empresario Ernesto Weisson y la gerente de Cabasi S.A., Carolina Astudillo, por presunto lavado.

Según Diego Fuentes, exministro del Interior (e), aseguró que en los próximos días debe haber más boletas de detención e incautación. En este caso, la Fiscalía presentó evidencias de que se transfirieron más de USD 53 millones de una cuenta relacionada con el abogado Carlos Pareja Cordero a paraísos fiscales. Él y su hijo tienen orden de captura, desde el 26 de diciembre pasado.

De los cuatro allanamientos realizados en Quito y Esmeraldas por el caso de delincuencia organizada, que fueron los más mediáticos, el Ministerio del Interior solo registró equipos electrónicos, USD 345 000 y 50 000 euros, en su reporte.

El operativo en Quito fue en dos casas y un local de Marco Calvopiña y Diego Tapia, exdirectivos de ‘Petro’; en Esmeraldas hubo dos allanamientos, uno fue en la residencia del contratista Eduardo Valderrama. Los tres están presos y no hay más retenciones.

Otro caso similar en el que no se incautaron inmuebles es el que se sigue a la suegra del exministro, Carlos Pareja Yannuzzelli, Dora G. En su casa, en Guayaquil, donde cumple arresto domiciliario desde noviembre pasado, se encontraron USD 51 690 y 650 euros.

La mujer de 83 años era gerente de Geapronsa, empresa que supuestamente operaba en su domicilio. Esta firma también es dueña de la casa de Samborondón, que Pareja y su esposa donaran a los accionistas, que son sus hijos. Este bien no aparece como incautado.

Fuentes explicó que los bienes y efectivo decomisados sumarían USD 14 millones. No se conoce el avalúo de las propiedades, pues Inmobiliar no entregó los datos hasta el cierre de esta edición.

http://www.elcomercio.com/actualidad/contratista-petroecuador-donacion-casa-embargo.html

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