#Ecuador Worley Parsons fue fiscalizadora y ejecutora de obras en Refinería #PetroCorrupción

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La relación entre Petroecuador y Worley Parsons International (WPI) y su subcontratada Tecnazul está bajo la lupa. Esta sucursal extranjera de origen australiano tuvo un papel estratégico como proveedora y fiscalizadora de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, en donde se tejió una presunta red de corrupción.

Desde fines del 2011, WPI se ha beneficiado de tres contratos principales y ocho complementarios, que suman USD 227,5 millones. Este monto la ubica como segunda contratista de uno de los proyectos emblemáticos de la revolución ciudadana, tras la surcoreana SK Engineering & Construction, que se benefició de contratos por USD 760 millones.

A la suscripción del primer acuerdo (Nro 2011030), el 14 de noviembre del 2011, para la fiscalización y gerenciamiento de este proyecto asistieron Marcelo R., exgerente de Refinación y quien está indagado por supuesto peculado, y Wayne Montgomery, exapoderado de la firma extranjera. La adjudicación se realizó de forma directa, sin concurso público, por USD 38,6 millones.

WPI se constituyó como empresa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, 11 días después de la suscripción del contrato.

El mismo día que se firmó el contrato inicial, Montgomery subcontrató el servicio a la firma ecuatoriana Tecnazul, por USD 12,2 millones, tres veces menos que el valor acordado con Petroecuador.

Las subcontrataciones, según el art. 79 de la Ley de Contratación Pública, no pueden superar el 30% del monto del contrato reajustado. En este caso, solo con relación al contrato principal, fue del 31,8%.

Juan Carlos Paredes, procurador judicial de Pedro Merizalde, gerente de ‘Petro’, en un oficio enviado a la Fiscalía, explicó que la subcontratación se realizó sin autorización del exgerente de Refinación, como establece el mismo contrato. Tampoco contó con la aprobación previa, cuando se requería de personal adicional al indicado en su oferta técnico-económica y para cambios en la estructura de la nómina.

Estaba previsto que la fiscalización de este proyecto tomara 24 meses, es decir, hasta noviembre del 2013, pero se extendió tres años más. Esta ampliación devino en la firma de cinco contratos complementarios por USD 153,8 millones. Es decir, casi cuatro veces más al del contrato principal.

Durante este tiempo, WPI se convirtió en la pieza clave por la que pasaban todas las ofertas de los grandes contratistas y de sus obras, como SK, General Electric, UOP Processes International INC, Sesmo, KBC, etc. Ningún acuerdo se firmaba sin antes contar con su aval.

De la revisión de contratos que este Diario realizó llama la atención que el costo de fiscalización, en algunos casos, es mayor al de la obra. Un ejemplo: la supervisión de la rehabilitación de las Unidades Catalíticas III costó USD 878 483, cuando el contrato fue de USD 210 000, es decir, cuatro veces más del monto de la obra.

Supervisora y proveedora

Además de fiscalizadora, WPI también era proveedora de servicios. A fines del 2014 y 2015, Carlos Pareja Yannuzelli, exgerente de Refinación, firmó dos contratos (un inicial y otro complementario) por USD 21,2 millones. Esta vez se trató de la ingeniería de detalle de la rehabilitación de las Unidades Merox 200, 300 (plantas de endulzamiento de gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP)) y de Aguas Amargas (trata las aguas que salen de las unidades de proceso).

Si se toma en cuenta el índice internacional Chemical Engineering Plant Cost Index, que registra el promedio de costos de la industria, la ingeniería más la fiscalización de la obra debería estar en un 10% del valor total de este tipo de unidades de igual complejidad.

Según datos de publicaciones internacionales, el costo de capital de estas plantas nuevas a la fecha de la firma del contrato deberían estar en unos USD 17,5 millones, es decir, la ingeniería y supervisión (fiscalización) no debía superar los USD 1,75 millones.

Worley Parsons no solo entregó la ingeniería de detalle sino que se convirtió en la fiscalizadora de dos contratos (principal y ampliatorio) para la construcción de estas unidades, que se adjudicaron de forma directa a la compañía Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica, por USD 37,1 millones sin IVA y que hoy están bajo análisis de la Fiscalía.

Durante estos mismos años (2014-2015) se adjudicaron otros dos contratos por casi USD 14 millones. El acuerdo inicial fue para realizar estudios, que permitan rediseñar el sistema de drenajes internos y descargue las aguas de la refinería a los afluentes del río Esmeraldas, cumpliendo las normas ambientales.

Para esta ingeniería de baja complejidad no se realizó concurso público con empresas locales, sino que se adjudicó por USD 10,9 millones, de forma directa y para cumplir con esto se presentó una planilla de 22 ingenieros ecuatorianos.

Antes de terminar el contrato (plazo de 300 días calendario) se solicitó un contrato complementario por USD 3,1 millones sin IVA, pero se trataba de “servicios adicionales para estudios del sistema eléctrico y el análisis de constructibilidad”, lo cual difiere del objeto del contrato inicial.

Este Diario buscó la versión de Raymond F. Jr., estadounidense apoderado de WPI, desde principios de noviembre, pero no pudo ubicarlo.

Por segunda ocasión está investigado por supuesto peculado, debido a presuntas irregularidades encontradas en la fiscalización de las obras de la contratista Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica.

La primera vez, la Fiscalía archivó el caso tras constatar que se devolvió USD 656 664 a Petroecuador, por recomendación de la Contraloría. Este reembolso se dio tras la auditoría a un contrato de asesoría para la planta de gas natural de Bajo Alto, en la que se halló indicios de responsabilidad penal.

El representante de Tecnazul que firmó el subcontrato con WPI fue Humberto Guarderas, procesado por presunto cohecho y hoy prófugo. Este empresario fue vinculado al juicio por dos transferencias, que suman USD 456 195, desde una cuenta suiza a otra de Girbra, ‘offshore’ del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo (preso). Sonia Calero, también relacionada con Tecnazul (prófuga), registró siete transferencias por casi medio millón de dólares a Bravo y USD 150 000 a la cuenta de Capaya, de Carlos Pareja Yannuzzelli, quien lideró la rehabilitación de la Refinería. Ni Guarderas ni Calero son socios de la subcontratista. La ‘Súper’ de Compañías registra a William Phillips y la uruguaya Urazul, de la cual Phillips es su apoderado. Esta semana, este Diario llamó varias veces a su oficina, pero no obtuvo respuesta. Tampoco se presentó a declarar en el caso de supuesto cohecho.

En contexto

Como parte de los casos por presuntos cohecho, delincuencia organizada y peculado se analizan los contratos con empresas nacionales y extranjeras, que se firmaron con el visto bueno de Worley Parsons. La Contraloría también está auditando su labor como fiscalizadora.

http://www.elcomercio.com/actualidad/worleyparsons-fiscalizadora-obras-refineriaesmeraldas.html

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